Luego de conocer denuncias hechas por veedores ciudadanos y medios de comunicación sobre presuntas irregularidades en un proyecto de acuerdo radicado ante el Concejo de Santa Marta, Magdalena, por la Alcaldesa, Virna Johnson, la Procuraduría General de la Nación anunció este jueves que inició acción preventiva.

Se trata de un cupo de endeudamiento por $1.7 billones que la mandataria solicitó, pagadero con vigencias futuras de la ciudad por los próximos 30 años, con el fin de financiar el megaproyecto de acueducto, ‘El Curval’ para el Distrito de Santa Marta.

Según la veeduría que denunció las presuntas irregularidades, el proyecto se radicó de manera intempestiva para lograr aprobación antes del próximo 31 de diciembre y que “los estudios presentados por el gobierno local están incompletos y no cuentan con avales de viabilidad”.

Al respecto, dijo que el contrato interadministrativo entre la Alcaldía Distrital, la Gobernación de Magdalena y CENIT SAS, la empresa que ejecutaría el proyecto, se encuentra prorrogado hasta el 15 de enero próximo mediante acta modificatoria número 4, debido precisamente a que no se encontraba terminado y entregado lo que corresponde a la totalidad de los productos contratados con la empresa consultora.

Como parte de la acción preventiva, la Procuraduría Regional Magdalena pidió al Concejo Distrital, de manera perentoria, copia del mencionado proyecto de acuerdo con todos sus anexos, así como de otros proyectos existentes (con soportes documentales) en materia de acueducto y alcantarillado en la ciudad.

El Ministerio Público también solicitó a la Alcaldía copias del convenio interadministrativo suscrito con la Gobernación de Magdalena y CENIT S. A., con sus actas de prórroga y copias del megaproyecto de acueducto para Santa Marta que esa administración asegura haber radicado ante el Departamento Nacional de Planeación.